Masacre institucional: murió el estado de Derecho, por Antonio Urdaneta

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Foto: Referencial / AFP – Federico Parra

(18 de agosto de 2017. El Venezolano).- Innumerables son los hechos que definen la violación recurrente a las normas constitucionales por parte de Nicolás Maduro. La sumatoria arranca desde el momento en que él, fungiendo ilegítimamente como Vicepresidente Ejecutivo de la República (marzo 2013) se postuló a la Presidencia de la República, sin haber renunciado a su cargo, tal como lo pauta la Carta Magna.

Entre 2016 y 2017, la gestión de Maduro acumuló el mayor número de delitos diversos, incluyendo repetidas violaciones al Estado de Derecho, a la Constitución y a los Derechos Humanos. Durante este tiempo ha puesto a su servicio, más descaradamente que antes, todos los Poderes Públicos, con excepción de la Asamblea Nacional.

De modo que todo el peso de la defensa de nuestra ley suprema ha recaído sobre el Parlamento, mientras que el resto de las instituciones, con la cooperación de los altos mandos militares, sólo han operado en función de mantener a Maduro en el cargo, a pesar de que apenas lo apoyan un 12% de los venezolanos.

En los últimos cuatro meses de este año (abril – agosto), al darse cuenta de que su perversa influencia en los Poderes secuestrados evidentemente empezó a disminuir, entonces cometió el mayor delito contra la Constitución y contra el pueblo, al usurparle a éste su soberanía y su facultad indelegable para activar el Poder Constituyente Originario. Esta descomunal acción criminal condujo a la convocatoria, instrumentación y realización de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Es obvio que el intento y acción de Nicolás Maduro, al efecto, es inconstitucional e ilegítimo de origen, lo cual supone que todas las decisiones que tome dicha asamblea son nulas de toda nulidad.

Pues bien, sin importarles esto último, Nicolás y su pandilla de cómplices realizaron elecciones amañadas e ilegales el 30 de julio, y designaron un parapeto con poderes “supraconstitucionales”, al que ellos denominan Asamblea Nacional Constituyente. Se sabía, desde el primer momento, que la trácala armada por el usurpador, sería utilizada para perseguir, sancionar e inhabilitar a sus opositores; en este segmento puso en la mira, en primer lugar, a quienes desertaron de las filas del régimen, dada la expresa ruptura del orden constitucional, hecho que condenaron muchos seguidores de la “revolución”, ahora víctimas del terror que se ha apoderado de Nicolás Maduro.

Dudo si el último paso dado por el régimen le servirá para mantener el poder, o es el recurso final antes de que les llegue la hora de abandonar la sede del gobierno y de rendirle cuentas al pueblo. Se trata de la decisión, anticipadamente nula, que acaba de tomar la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, al inhabilitar definitivamente a la Asamblea Nacional, la cual ejerce, por votación legítima de catorce millones de electores, la genuina representación popular.

La criminal decisión es un decreto de muerte contra el Estado de Derecho. Este acontecimiento, de evidente corte fascista y dictatorial, también obliga a los opositores del país en general a rediseñar estrategias. Sería temerario pronosticar cuáles pueden ser; pero lo que sí demanda la situación es, de una vez por todas, el rescate de la democracia y de la libertad; labor que corresponde a los civiles y militares del país. Y si estos rehúyen el combate que amerita la situación, entonces el pueblo puede desarrollar su poder originario y solicitar la ayuda activa y efectiva de civiles y militares de otras latitudes. Y que nadie, con esnobismos patrioteros, salga a rasgarse las vestiduras en contra de cualquier participación foránea. Tiempo les ha sobrado para denunciar y combatir la invasión cubana, la cual se puede palpar en puertos, aeropuertos, registros, notarías, hospitales, distribución de alimentos, entes educativos y en el estamento militar, entre otros. En el sector castrense ocupan los militares cubanos, aunque muchos lo duden, estratégicas posiciones de mando, lamentablemente con la anuencia de la cúpula de nuestra Fuerza Armada Nacional. ¡Entonces que nadie chille, si la ayuda llega de otros territorios!.

Por Antonio Urdaneta

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