La Constituyente del desespero, por Jota Contreras

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(16 de mayo de 2017. El Venezolano).- La idea de modificar la Constitución del 1999, no es nueva, ni es mala. Ya muchos de los dirigentes y partidos de la oposición en el pasado la habían propuesto. Voluntad Popular en septiembre de 2014 emprendió una cruzada nacional para recoger, sin éxito, las firmas con miras a lograr el 15% requerido para iniciar el proceso constituyente. Antes, el 5 de agosto de 2013 el portal del diario 2001, reproduce un tweet de la para entonces diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado que indicaba lo siguiente: “La Constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y la reconciliación del país… Frente a un régimen ilegítimo, ilegal e incompetente, la Constitución tiene la respuesta: Constituyente YA”. En ese momento, todas esas iniciativas fueron dejadas de lado por las dificultades para lograr cumplir con los supuestos de hecho contenidos en el artículo 348 de la constitución, es decir, la oposición no tenía las dos terceras partes de la Asamblea Nacional ni se pudo recoger el 15% de las firmas necesarias para poner en marcha el mecanismo. La idea fue desechada momentáneamente. Al margen de esto, tarde o temprano esa constitución tiene que ser reformada totalmente, por cuánto adolece de vicios que la hacen vulnerable desde el punto de vista institucional y fue hecha como traje a la medida del Sr. Chávez. Pongo un solo ejemplo, el control parlamentario sobre los ascensos militares de alto rango, control que existía en la constitución de 1961 y que consistía en que dichos ascensos eran propuestos por el Presidente de la Republica y debían ser aprobados por la Camara del Senado. Ese control fue eliminado en la constitución del 99 con el único y exclusivo propósito de satisfacer el ego del líder de la revolución bolivariana Tcnel Hugo Chávez Frías, sobre cuya cabeza recayó la competencia exclusiva y sin control de los ascensos militares. Y así muchos otros artículos como el carácter restrictivo de la propiedad privada, la pena máxima de 30 años, la excesiva injerencia del estado en la vida económica del país, todos temas los cuales habría que abordar en su momento, en una nueva constitución. Ahora bien, difiere esa iniciativa de VP y MCM, embuida de buena fe, a la tomada por el Presidente Maduro. Mientras los primeros pretendían hacer esa constituyente para cambiar todo de verdad verdad, la propuesta del Presidente de la República está motivada en un fin truncado cuál es, impedir la celebración este año de elecciones de gobernadores y de alcaldes. El gobierno sabe que las va a perder todas y desesperado por no deshacerse de otra cuota de poder, maniobra para que no se hagan las elecciones regionales y locales.

El año pasado, el régimen, que controla todos los poderes, hizo lo mismo; manipuló la normativa electoral para no hacer elecciones regionales argumentando que estaba en proceso la activación del referéndum revocatorio. Claro estaba que esa era la excusa para impedir la derrota que inevitablemente iban a sufrir en todas las gobernaciones.  Vino el diálogo y llego el mes de enero sin que se avizorara una salida electoral. Entre tanto la inflación, escasez e inseguridad corroían aún más la imagen de un gobierno en franco deterioro. Maduro y el PSUV no encontraban la forma de recuperar su imagen ante un pueblo que comenzaba masivamente a experimentar el hambre. Pero las maniobras dilatorias se les han ido acabando; ya no hay revocatorio de por medio, ya el proceso de validación de los partidos está por finalizar y ante la inevitable obligación de convocar a elecciones regionales, Maduro, a sabiendas de que la derrota es segura, reacciona como fiera herida y saca del sombrero su último recurso: la Constituyente. Con esa iniciativa pretende lograr no sólo que se difieran los comicios regionales, sino también los de alcaldes y concejales previstos para diciembre de este año; es decir pretende alargarle lo más que pueda, la vida a la revolución bolivariana que está dando sus últimas bocanadas de aire. Ellos saben que la derrota implica el derrumbe definitivo del socialismo del siglo 21 y sus perspectivas de volver al poder serían muy remotas por no decir infinitas. Es que el fracaso en todos los ámbitos es tan colosal, que dudo que el común del Venezolano, acusado de memoria corta, olvide el desastre ocasionado por el socialismo del siglo 21.

Por otra parte, el régimen insiste, en voz de sus más altos voceros y de los propios miembros de la comisión presidencial constituyente designada por el Presidente de la República, de que la iniciativa de la Constituyente no tiene que ser sometida a la consideración del pueblo, argumentado que el espíritu de la constitución del 99 le depositaba esa confianza a las instituciones establecidas en el artículo 348; es decir, Presidente de la República, Asamblea Nacional, Consejos Municipales y el 15% de los inscritos en el registro electoral. Ello no sólo no es cierto, sino que es violatorio y desconocedor del artículo 347 de la misma constitución que expresamente señala: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” Una sana y lógica interpretación jurídica de ambos artículos indica que la facultad para convocar le corresponde al pueblo (art. 337) y la iniciativa le corresponde al Presidente, Asamblea Nacional, Consejos Municipales etc. (art.338). Pretender torcer la  interpretación de estos artículos, va contra toda hermenéutica jurídica y tiene como único propósito impedir que el pueblo se exprese en las urnas sobre una iniciativa constituyente que viniendo de Maduro, lleva plomo en el ala y estaría destinada a una contundente derrota y con ello al derrumbe acelerado y definitivo del régimen.

Por: Jota Contreras

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