Heráclito y la crisis venezolana IV, por Luis Prieto Oliveira

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Referencial

(08 de febrero de 2017. El Venezolano).- Ha ocurrido un continuado y acelerado proceso de envilecimiento del Gobierno venezolano, que lo ha llevado a ser considerado, en diversos canales jurídicos internacionales, como un estado fallido, en el cual se irrespetan todos y cada uno de los derechos humanos consagrados, no sólo en la Constitución, sino también en los tratados suscritos y ratificados por Venezuela. Esta no es una simple opinión, pues los argumentos esgrimidos por el Secretario General de la OEA, Luis Pizarro, claramente señalan, con abundantes argumentos y pruebas documentales, que el régimen venezolano no cumple los requisitos básicos establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), suscrita en Lima el 11 de septiembre de 2001.

Por esta razón el artículo 21 de ese mismo documento establece el procedimiento a seguir para aplicar la CDI a cualquier estado miembro que incumpla las obligaciones de ejercicio democrático enumeradas en los artículos ya mencionados.

A medida que los precios del petróleo ascendían y sin contar con el poder contralor ejercido por el personal especializado, o un sistema de control fiscal serio y bien estructurado, el régimen venezolano se dedicó, cada vez más, a negocios ilícitos, tales como la producción, transporte y comercialización de alucinógenos e hipnóticos, la legitimación de capitales generados en operaciones sub-iudice y el control de rutas seguras para alcanzar los mercados masivos. Existen evidencias, aunque no judicialmente concluyentes, de que PDVSA fue utilizada profusamente para ayudar a los movimientos guerrilleros izquierdistas y para crear condiciones para la destrucción de las economías de los países de mayor desarrollo relativo, con lo cual se busca destruir la economía mundial y convertir a la sociedad humana en un mecanismo esclavo.

Mientras hubo abundancia de dólares era fácil comprar cuanta cosa se necesitara en negociaciones maculadas por grandes actos de corrupción, mientras se abandonaba a los productores y se los ahogaba con sistemas de control de precios o de compra de bienes de ínfima calidad, calificados como productos defectuosos o vencidos.

Toda esta maniobra destructora no es simplemente un intento de enriquecer a un grupo de asaltantes, sino una conspiración fraguada por los movimientos de extrema izquierda en el llamado “Foro de Sao Paulo”, aunque, como dicen a veces los bandidos, los efectos colaterales lograrían modificar las estructuras más sagradas del mundo capitalista y acelerarían la llegada del “socialismo del siglo XXI” y del empobrecimiento general de la raza humana.

Estos efectos los hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, pero no se ha detenido la creación de neo-dictaduras en diversos lugares del mundo, que refuerzan a las que existen tradicionalmente (China, Corea del Norte, Cuba, Zimbabwe, Irán, Libia, y otras de menor fama, pero igual peligrosidad). El Foro de Sao Paulo diseñó un programa para transformar la lucha de guerrillas en movimientos legales, con financiamiento a través del delito.

El mecanismo de eliminar el salario como fuente de ingreso y sustituirlo por sistemas de subsidios directos, que no guardan relación alguna con la producción, destruye el potencial productivo, consagra a la delincuencia de todo tipo como fuente de ingreso y crea una desigualdad social cada vez más paralizante. Las muy escasas estadísticas que se publican en Venezuela, revelan que la pobreza se ha generalizado, los servicios públicos han casi desaparecido, la inflación se acerca a 1000%, es decir que si se aumentan los salarios por decreto en 40% o 50%, la situación de los trabajadores, en vez de mejorar, empeora.

El régimen encabezado por Nicolás Maduro, con el apoyo irrestricto del Cartel de los Soles y otros delincuentes que manejan a su antojo todo lo que, de alguna manera, se mueve en el país, ha presidido el proceso de envilecimiento económico, social, político y moral de Venezuela. Perdió la Asamblea Nacional, con dos tercios de los diputados en su contra, y ahora recurre a un TSJ manchado de delitos, en el cual la casi totalidad de los magistrados que lo forman no reúnen los méritos establecidos para optar a serlo.

La oposición comenzó a crecer electoralmente a partir de 2006, cuando la candidatura unitaria de Manuel Rosales capturó el apoyo de más de 6 millones de votantes y el gobierno se vio obligado a recurrir a un fraude masivo para lograr la victoria pírrica (como le gustaba al comandante galáctico decir, sin saber lo que significaba esta expresión). Después se retiró a Cuba, a morir, porque un cáncer incurable se lo estaba devorando. En ese tiempo se forjaron muchos fraudes jurídicos, como por ejemplo, presentar decretos o puntos de cuenta supuestamente firmados por el presidente y no dar paso a lo que se sabía que estaba ocurriendo, como era declarar de inmediato, el 8 de diciembre de 2012, la ausencia del presidente electo y la convocatoria a elecciones dentro de los 30 días siguientes. Sin embargo se vulneraron las disposiciones constitucionales, porque el vicepresidente (Maduro), no podía aspirar a ejercer la presidencia como encargado o tan siquiera ser candidato.

Las elecciones de abril de 2013 fueron “ganadas” por Maduro gracias a un fraude masivo que le dio una ventaja de menos de 0.5%, sobre Capriles y que, por vicios legalistas de la MUD, no fue reclamado en la calle. De todas maneras se llegó a las elecciones parlamentarias el 15 de diciembre y, seguros de perderlas, el oficialismo derrotado designó, violando todas las normas, a 21 magistrados y suplentes. Estos magistrados, cuyo nombramiento era írrito, montaron una maquinaria judicial cuyo objetivo era derrotar al pueblo opositor con maniobras y diversos mecanismos ilegales.

El Gobierno venezolano, no cabe duda, es ilegal y se sostiene por el poder castrense de un cuerpo militar corrupto y la “justicia” impartida por un grupo de personas que no tienen méritos para hacerlo. Por esa razón, la única salida posible es la renuncia del presidente, acatando la resolución de la Asamblea Nacional, de abandono del cargo por Maduro y convocar de inmediato a elecciones.

Esto no parece posible, pero si por una extraña casualidad del destino, ocurriese, un nuevo Gobierno enfrentaría la tarea de gobernar a un país cuyas instituciones no obedecen a las leyes, existe una situación generalizada de anomia, de anarquía delictiva, de destrucción deliberada de las fuentes de la producción nacional y de los servicios básicos que se requieren para disfrutar de la convivencia civilizada.

Frente a esa situación, ¿Qué debemos hacer para recuperar a nuestro país?. Esa sería la peor derrota posible para un pueblo que ha perdido todo, menos la esperanza. Debemos partir de un hecho incontrovertible, nuestro viejo amigo, Heráclito de Efeso nos lo dijo, “nunca podemos bañarnos dos veces en la misma corriente de un río”.

Los que hemos vivido fuera de Venezuela desde hace más de 15 años, no tenemos verdadero contacto con esta nueva realidad, no conocemos al monstruo en el cual han transformado a nuestra patria y seguramente seremos tildados de extranjeros por quienes han sufrido los embates destructores de este nefasto régimen. En toda esta tragedia nos hemos mantenido fieles a una patria que ya no existe y ahora corremos el riesgo de ser rechazados. Para muchos de los que han “disfrutado” de las bondades del chavismo, nosotros representamos a quienes quieren despojarlos de las viviendas mal construidas, los dispensarios de Barrio Adentro o de sus ingresos por concepto de las diversas misiones. La generación actual no ha conocido nada distinto a la falacia creada por la dictadura y, por la inevitable inercia, tiende a pensar que ese es el sistema ideal: recibir dinero y servicios sin tener que trabajar para pagarlos.

Por ello quiero invitarlos a que meditemos sobre escenarios posibles y soluciones factibles, que permitan reintegrar a Venezuela al mundo de las naciones democráticas y civilizadas y castigar, con el peso de la ley, a todos aquellos que han cometido delitos horrendos contra los derechos humanos. Debemos extremar los esfuerzos para encontrar soluciones con las cuales, los países democráticos del mundo ayuden al pueblo venezolano a recuperar su dignidad y sus recursos. A eso debemos dedicar, sobre todo desde el exilio, nuestros esfuerzos para constituir grupos de trabajo, realizar estudios prospectivos y planificar los objetivos centrales de nuestro país para el futuro previsible.

Por Luis Prieto Oliveira

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