¿Hacia dónde vamos?, por Antonio Urdaneta Aguirre

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(15 de febrero de 2017. El Venezolano).- Desde hace varios años se habla en Venezuela de la presunta vinculación de altos funcionarios del régimen, con el detestable negocio de las drogas. Se puede recordar, por ejemplo, cuando se produjo la detención de un acaudalado narcotraficante, Makled, de origen sirio. Entonces éste individuo hizo señalamientos que apuntaban hacia la supuesta complicidad de las autoridades que tenían a su cargo la vigilancia de los puertos y, por supuesto, de sus superiores. El indiciado huyó a Colombia, de donde fue extraditado. Al llegar aquí fue sometido a juicio, sin que luego se supiera, a ciencia cierta, de él ni del mencionado juicio. Tampoco se ha sabido que los órganos competentes del Estado, aunque fuera para descartar las acusaciones o insinuaciones del narco, hayan hecho las investigaciones pertinentes. La respuesta del Estado, a través del gobierno, como siempre ha ocurrido durante dieciocho años, ha sido atribuirle a otros todo lo malo de lo que se denuncia al régimen.

Es lógico que una actitud de tal naturaleza, ante supuestos muy graves, lo que contribuye es a consolidar la idea de que algo ilícito está sucediendo. Es además de muy mal gusto, difícil de digerir, que en la mayoría de los casos, cuando alguien vinculado a la cúpula que ostenta el poder, o parte de él, es acusado de estar incurso en presentes delitos, inmediatamente es protegido por el Estado; unas veces aumentando su cuota de poder político o gubernamental, o absolviéndolo de culpas sin haberlo juzgado. De modo que cada denuncia sin aclarar definitivamente, mediante procedimientos judiciales apropiados, es denuncia que el pueblo cree. ¿Será por esto que la imagen del rpegimen ya tiende a estrellarse contra el piso?

Después de las declaraciones de Makled, tanto aquí como en Colombia, o quizás casi simultáneamente, los comentarios sobre determinados carteles de la droga, presuntamente encabezados por militares de alta graduación, cada día hacen más ruido. Se habla del cartel “Los Soles”, por ejemplo. Pero, igual que en otras oportunidades, la respuesta es ofensa y descalificación a líderes de la oposición o a los “enemigos” externos que sólo existen en el cráneo vacío de los altos jerarcas de la cúpula “revolucionaria”. ¿Hay alguno de los indiciados, por lo menos,en proceso de juicio, para que, si es inocente, quede libre de cargos y de conciencia? Al contrario, toda denuncia es respondida dándole poder o protección al denunciado.

Uno de los casos que más ha sonado y cuyo ruido ha sido imposible que el régimen logre silenciarlo, es el de los llamados “narcosobrinos”. Los llaman así porque son sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro y sobrinos afines de éste. Se conocen supuestas confesiones de esos parientes cercanos de la pareja presidencial. Una de ellas es que tuvieron quince años o más en el sucio y criminal negocio de las drogas. Si esto es cierto, como podría ser, puesto que ellos, los “narcosobrinos”, están siendo juzgados en EEUU y ya han rendido declaraciones ante los Fiscales que tienen a cargo el caso, presuntamente por introducir narcóticos a ese país, o tratar de introducirlos. La respuesta de sus cercanos familiares, Nicolás y Cilia, es la misma que parece recomendar alguna cartilla que guíe al régimen en tales casos: “es una canallada del imperio, para desacreditar la revolución”. ¿Se puede desacreditar a quien está auto desacreditado?

Pero lo más grave del supuesto al que se hace referencia en este artículo, es la información que ha suministrado el Departamento del Tesoro de EEUU, donde se afirma que la Oficina de Bienes Extranjeros de dicho Departamento (OFAC), que Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo de nuestro país, “es investigado… por sus presente vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente”. Ciertamente es una acusación que le mueve la conciencia a propios y extraños. ¡Preferiría que esto fuera incierto! Porque de ser eso una realidad, conociendo cómo ha sido la conducta gubernamental con otros casos de menor o igual gravedad, estaríamos caminando “sobre el filo de una navaja”, si esta situación, como las anteriores, también se deja sin aclarar. Hay antecedentes que favorecen a El Aissami, en caso de que él decida ir a la nación norteña a defenderse. Mi consejo, muy sincero, es que desmienta judicialmente las acusaciones que se le hacen. Ernesto Villegas, Ministro de Información, conoce el caso de Esperanza Matos. Sería conveniente que se asesore con él.

Por: Antonio Urdaneta Aguirre / @UrdanetaAguirre

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