Hablemos de política: voto o boto, por Luis Prieto Oliveira

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(02 de noviembre de 2016. El Venezolano).- La ciudadanía venezolana, a pesar de estar sometida a una situación de absoluta escasez de todo, desde alimentos y salud, hasta justicia y verdad, conserva el espíritu democrático en el cual los conflictos, por graves que sean, deben dirimirse en el marco pautado por las normas de la democracia, definida en la Constitución y en las tradiciones del pueblo.

No hay duda de que la condición necesaria para la democracia es el ejercicio del derecho a elegir y ser electo. No existe ningún substituto para el voto. Cuando las naciones eran ciudades de población relativamente pequeña y la ciudadanía exigía determinadas condiciones fiscales, es decir, sólo eran ciudadanos aquellos que tenían propiedades, los conflictos podían resolverse en la plaza de la ciudad (ágora la llamaban los griegos) con la reunión de los ciudadanos. Allí se votaba para elegir a quien debía proveer las soluciones. Ese sistema recibió el nombre de democracia y casi 2500 años después, en 1865, fue definida por Abraham Lincoln como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Por definición, la democracia no permite períodos de gobierno indefinidos y establece que los dignatarios deben ser electos en las condiciones establecidas en las leyes, por períodos definidos. En Venezuela, siempre ha habido elecciones, aunque no siempre hayan sido como las que conocemos ahora,  a pesar de todas las convulsiones del siglo XIX, cuando los libertadores  querían cobrar sus sacrificios por la patria, bien sea en bienes materiales o en dominio político, aunque parece ser que lo más común es una combinación en la cual el acceso al gobierno implica poder y disposición de bienes y haciendas.

Venezuela ha tenido 22 constituciones entre 1830 y 2016, es decir, que ha cambiado de ley fundamental, en promedio, cada 8 años y medio. Los Estados Unidos ha tenido una sola Constitución desde su fundación, aunque esta ley ha sufrido 27 enmiendas, por esa razón puede decirse que la de los Estados Unidos es la democracia más longeva y estable, sobre todo porque nunca se ha producido la interrupción de los procesos constitucionales.

Aunque la palabra democracia y el vocablo constitución han tenido un uso muy profuso en los 186 años de nuestra existencia como estado soberano e independiente, ello no indica que se haya practicado la una o respetado la otra. Ahora, por primera vez en nuestra historia, existe un conflicto entre poderes que mantiene a los venezolanos en extrema tensión, porque uno de los poderes, el ejecutivo, cuya legitimidad es muy discutible, dado que existen fundadas dudas acerca de que si efectivamente, la persona que detenta la presidencia haya obtenido los votos necesarios para ser proclamado y que, además cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el texto constitucional para ejercerla y el legislativo, que son los únicos poderes que se designan por votación.

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Los poderes derivados: judicial, electoral y ciudadano, son designados por el poder legislativo, y deben cumplir con ciertas condiciones restrictivas. La abstención de las fuerzas opositoras en las elecciones legislativas de 2005 llevó a un ejercicio exclusivo de la función legislativa por partidarios del presidente y al relajamiento de las condiciones del control fiscal y político de los actos del gobierno, así como al nombramiento de magistrados del TSJ, rectores de CNE y Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, esta situación creó una desaparición, a los efectos de su actuación, de las competencias de cada uno de estos poderes derivados.

La elección de los diputados de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, en la cual, para sorpresa del oficialismo, la oposición obtuvo una mayoría calificada superior a los dos tercios, ha generado una estrategia de defensa del régimen por medio de la utilización del TSJ, cuyos miembros, electos “a la cañona”, no cumplen con las condiciones establecidas en el texto constitucional, sobre todo en lo referente a sus calificaciones profesionales y de ejercicio, a su historial delictivo y a otras características. Prácticamente ninguno de los actuales magistrados ha recibido el voto de los dos tercios de la AN, ni los concursos para seleccionar a los candidatos han sido realizados en el marco constitucional. Algo similar ocurre con el CNE y el Poder Ciudadano. Por esta razón pueden ser calificados como espurios, con lo cual sus actos son írritos.

En las actuales circunstancias, el único poder sobre cuya elección y composición no existen dudas de ninguna clase, es el legislativo y contra su actuación se ha concitado la Sala Constitucional del TSJ, que funciona como si fuera apoderada del Presidente, para negar las potestades y facultades de la Asamblea Nacional. Este conflicto de poderes, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, debería ser dirimido por el TSJ, pero esto es imposible, porque los magistrados ejercen sus cargos sin tener reales derechos a tal cosa. Por ello no es posible resolver el problema por la vía normal y legal.

Ante esta situación, la única solución es la electoral. La oposición ha solicitado, dentro de los lapsos legales, la celebración de un referendo revocatorio contra el Presidente de la República y, de acuerdo con los resultados electorales de diciembre pasado y todas las encuestas que se han efectuado, no existen dudas razonables sobre el resultado probable de esa conducta. El gobierno (si se le puede dar tan honroso nombre a quienes conforman el poder ejecutivo), ha utilizado a sus incondicionales en el TSJ y CNE, para impedir, con triquiñuelas de diversa índole, la celebración de ese referendo y sólo lo aceptarían si se celebrase en 2017, es decir cuando no implique la convocatoria a elecciones presidenciales.

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Frente a este hecho, claramente doloso por parte de los cerriles miembros de los poderes públicos derivados, se intenta celebrar un “diálogo”, pero lo cierto es que el diálogo no puede resolver nada, sino el voto de los ciudadanos. Una de las posibilidades es que se acuerde la celebración de elecciones generales para relegitimar los poderes, como ocurrió cuando se aprobó la actual constitución. Por cierto que cuando se celebró el referendo aprobatorio de la Constitución sólo votó un 22% de los ciudadanos aptos para hacerlo. En casi todas las legislaciones que norman estas votaciones se exige que se produzca un quórum para que sea válida tal solución, en muchos casos se ha propuesto que la participación sea de 40% o más, pero la tan casuística constitución de 1999 no contempla nada a este respecto.

Si no se logra aprobar un mecanismo de elección adecuado, con instituciones confiables que controlen tal proceso y severas limitaciones al poder discrecional del gobierno para hacer propaganda, modular el gasto público y decidir unilateralmente la actuación de los cuerpos represivos y judiciales, la situación se saldría de los cauces legales y podría llegarse a una guerra civil, que es el menos civilizado de los conflictos bélicos.

Es indispensable que se establezca un mecanismo que acorte el período de elección de los poderes públicos, tanto ejecutivo como legislativo y se proceda a elegir a todos ellos simultáneamente, creando, por medio de la negociación supervisada por organismos internacionales, un proceso electoral de rápida ejecución, que permita, antes del fin de este año relegitimar los poderes del estado y abrir una perspectiva en la cual los contendientes dejen de ser enemigos para regresar a la condición de adversarios. Hay que eliminar la condición militar que se ha dado al estado venezolano y redefinir su naturaleza como un estado civilista.

¡Votos sí, balas no! ¡Votos ya, botas nunca! ¡Democracia genuina, sin tutela militar!  “Desdichado el país donde el hombre armado delibera”, como dijo Bolívar. ¡Soldados al cuartel, ciudadanos a las urnas!

Por: Luis Prieto Oliveira

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