Fernández dice que juicio en su contra es por “persecución judicial y mediática”

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EFE

(07 de marzo de 2017. El Venezolano).-  La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, acudió este martes a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.

Fue citada por el juez Claudio Bonadio, por estar acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, y aunque no declaró ni contestó preguntas, presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa.

“Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza”, remarcó la exmandataria en el texto entregado a Bonadio, que divulgó a través de sus cuentas en las redes sociales.

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Según reseña EFE, en el extenso escrito, titulado “De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), reitera que se siente objeto “de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes” en el país.

“Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, asevera Fernández, que se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.

El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.

“Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa”, asevera la ex jefa de Estado.

“Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario”, subraya, Fernández, quien reclama tener “derecho a ser juzgada” por “un juez imparcial”.

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