El desacato es del TSJ, por: Emiro Albornoz León

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Foto: Referencial

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(17 de noviembre de 2016. El Venezolano).- El único desacato que se ha producido en Venezuela es el del Tribunal Supremo de Justicia que ha desdeñado y desconocido la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas de manera multitudinaria el seis de diciembre del año 2015 al seleccionar una Asamblea nacional de mayoría opositora en la búsqueda de salidas democráticas a la grave crisis en que la revolución ha metido a nuestra patria, a la nación.

El régimen revolucionario de Nicolás Maduro ha hecho llegar al Tribunal Supremo de justicia a tales niveles de concusión que una vez que termine este lamentable periodo de la vida venezolana, todos sus miembros, porque el nombre de magistrados les queda bien grande,  necesariamente tendrán que responder a la justicia por las violaciones que han practicado a la Constitución de la república.

Las piezas de ese tablero de la justicia venezolana han sido nombradas ilegalmente según el dictamen de la AN por no aplicar la mayoría de los escogidos a los requerimientos que establece la Constitución para ser seleccionados como Magistrados, y en recompensa le han tendido al régimen las sábanas en la especie de cama donde han manoseado, mancillado y violado el texto legal de la nación, desde el Presidente de la república hasta los personeros de los principales Poderes del país y altos funcionarios de la administración pública.

Ni siquiera en los gobiernos dictatoriales de Juan Vicente Gómez ni del mismo Pérez Jiménez Venezuela observó en la antigua Corte Suprema de Justicia tan aberrantes pisoteos de las leyes como el que ha caracterizado a este tribunal revolucionario de justicia. Entonces guardaban, por lo menos, las formalidades.

El TSJ, por encargo del régimen, ante la avalancha de votos recibida por la oposición democrática en las elecciones parlamentarias del 2015 le dio visto bueno a unas denuncias del Partico Comunista Unido de Venezuela (PCUV) según las cuales presentaban unas pruebas, sin ninguna validez, que hablaban de un presunto fraude cometido en el estado Amazonas por los Diputados que fueron electos en esa región y el propio Gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, con la exclusiva finalidad de acabar con la mayoría absoluta (112 Diputados)  que le dio el pueblo venezolano a la oposición democrática. Pero tenían que hacer el mandado, y de qué manera lo hicieron.

La tarea impuesta al tribunal era evitar las acciones que habían sido anunciadas por los candidatos de la MUD a los venezolanos para salir de la crisis, entre las cuales destacaban la Ley de Amnistía para la liberación de los presos políticos que es una medida exclusiva de la AN. La reforma a la Constitución para reducir el mandato del Presidente y convocar unas elecciones presidenciales y la solicitud de un referendo revocatorio, contemplada fielmente en el artículo 72 de la constitución, disposición ante la cual se unieron el TSJ y el CNE para patearla a su antojo , con todo tipo de añagazas y emboscadas  por parte del organismo electoral y finalmente burlar y desacatar al pueblo venezolano.

Más de treinta leyes y acuerdos sancionados de manera constitucional por la AN han sido declarados ilegales por el TSJ, “aprobando” solamente la Ley que concede a los jubilados y pensionados el beneficio del bono cesta ticket y medicinal para este importante y merecido sector del país, pero que hasta la fecha igual lo han burlado porque Maduro se niega a cancelarlo.

La más reciente “plasta”, utilizando el calificativo que en una oportunidad le aplicó Chávez al TSJ, la acaban de colocar con su  sentencia mediante la cual prohíben  convocar y realizar actos que alteren el orden público, así como instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, la continuación del juicio político contra el Presidente Maduro por parte de la AN y hasta la emisión de opiniones contra funcionarios del régimen.

Con esta sentencia se llevan por los cachos los artículos 68 y 57, 58 de la Constitución que establecen el derecho a manifestar pacíficamente y el derecho inalienable de la libertad de expresión, ambos consagrados también en la carta de las Naciones Unidas sobre Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A esta decisión del TSJ el Presidente de la AN, Henry Ramos Allup advirtió que la Sala Constitucional “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos”, pero no a la Asamblea “electa por el pueblo”. ¿Quién desacata a quién?

Por: Emiro Albornoz 

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