Directiva de PDVSA es la responsable de la contratación del “buque fantasma” en 2010

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Foto: Maibort Petit

(20 de febrero de 2018. El Venezolano).- Múltiples giros se han intentado dar desde la Fiscalía General de la República (FGR) nombrada por la ANC, la Procuraduría General de la República y la propia PDVSA para evitar responsabilizar a los directivos de la casa matriz de la firma del contrato denominado “Suministro y operación de la Unidad de Perforación Songa Saturn”, celebrado entre PDVSA Servicios. S.A., y Petrosaudi Oil Services, Ltd.

Una publicación realizada por la periodista, Maibort Petit, explica que una revisión paso a paso de los hechos acontecidos en 2010 permite ver con claridad quiénes son los verdaderos responsables de la contratación de la unidad de perforación “Songa Saturn”, conocido como el Petrosaudi Saturn o, simplemente, como el “buque fantasma” de PDVSA. Una negociación fraudulenta con la cual se esquilmó el patrimonio de la estatal petrolera al suscribir un convenio por siete años entre PDVSA Servicios, S.A. y la empresa Petrosaudi Oil Services Ltd. por la exorbitante suma de USD 1.302.645.907,86.

A continuación cómo se dieron los hechos:

La querella contra los directivos de PDVSA Servicios

Ante el Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas-Juzgado Décimo en funciones de Control Estadal, el abogado Rafael Antonio Osío Tovar, adscrito a la Procuraduría General de la República, actuando en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela interpuso una querella contra Romer Valdez (presidente de PDV), Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero,  Elías Roa, estos tres miembros de la junta directiva de PDV, y Rafael Rodríguez (empleado de PDVSA), a quienes acusó de los delitos de Peculado y Falsa Alegación previstos y sancionados en los artículos 52 y 58 de la Ley contra la Corrupción. Adicionalmente, a Rafael Rodríguez también se le culpó de Tráfico de Influencias, sancionado en el artículo 71 ejusdem.

Foto: Maibort Petit

Petit señaló que la acción de la Osío Tovar obedeció a que el 30 de septiembre del año 2010, la empresa estatal PDVSA Servicios contrató con la empresa Petrosaudi Oil Services LTD, POS, con el objetivo de ejecutar labores extracción de gas dentro del marco del proyecto Mariscal de Sucre, el cual se desarrollaría en la costa del estado homónimo. La Procuraduría estimó que las condiciones del referido contrato fueron atentatorios a los intereses de la nación dadas las perjuiciosas condiciones establecidas en el mismo.

Para la fecha en que la querella fue admitida, a saber el 19 de julio de 2017, Keila Andreina Miranda, también actuando en representación de la Procuraduría introdujo al tribunal un documento para desestimar parcialmente la querella inicialmente presentada. Específicamente, la abogada solicitó el desistimiento de la querella en contra de Romer Antonio Valdez Prieto, presidente de PDVSA Servicios para el momento en que se firmó el contrato. Miranda indicó que el citado Valdez Prieto manifestó su disposición a colaborar y esclarecer los hechos. Agregó que los elementos aportados por este forman parte del expediente administrativo que adelanta ese despacho del estado, “los cuales nos reservamos el derecho de hacerlos públicos, pues los mismos serán consignados prudentemente en la fase procesal respectiva”.

Foto: Maibort Petit

Manifestó que este desistimiento parcial liberó a Romer Valdez libre de cualquier imputación que guarde relación con los hechos expuestos en la querella.

La titular del referido tribunal, Josepline Flores Algarín, habiendo constatado que la querella interpuesta cumplía con los requisitos previstos en los artículos le dio admisión a la vez que homologó el disentimiento presentado por la Keila Andreina Miranda con relación a Romer Antonio Valdez Prieto, con la advertencia de que esta decisión no afecta la titularidad del ejercicio de la acción penal que corresponde al Ministerio Público, puesto que los delitos objeto de la querella son de acción pública y no privada, por lo que el representante Fiscal deberá presentar el acto conclusivo que en derecho corresponda.

La Procuraduría General de la República intervino en este caso porque la legislación venezolana concede a la víctima la capacidad de querellarse en contra del autor del hecho punible que le perjudica, lo cual fue considerado por la jueza Flores Algarín.

Foto: Maibort Petit

Siendo que el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal establece que solamente la persona, natural o jurídica, que tenga la calidad de víctima podrá presentar la querella y que el artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula que la “Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses de la República y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional”, la magistrada acreditó que “el estado ha sufrido un severo daño económico como consecuencia de los ilegítimos actos de los imputados” y habilitó a la Procuraduría para acudir a los tribunales a exigir que sea resarcido el Estado en su condición de víctima en este caso.

El abogado Osío Tovar al referirse a los delitos de los que la Procuraduría acusa a los señalados en la querella, refirió que la presunta comisión de Peculado consiste en la malversación de caudales públicos o la apropiación indebida de bienes pertenecientes al Estado por parte de las personas que se encargaron de su administración o custodia. En tal sentido, se cumple con el extremo de que quienes los cometen sean funcionarios públicos, cuya definición se ha actualizado desde la vieja consideración que contempla la ley orgánica que le reserva al estado la industria y el comercio de los hidrocarburos en su artículo 8, que reza que los “directivos, administradores, empleados y obreros de las empresas a que se refiere al artículo 6 de la presente ley, inclusive los de la Corporación Venezolana del petróleo una vez convertida en sociedad mercantil, no serán considerados funcionarios ni empleados públicos. De acuerdo a esto, los señalados en la querella estarían eximidos de ser imputados por el delito de peculado.

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El detalles está en que esta es una ley pre-constitucional y al haberse hecho Venezuela signataria de la Convención Internacional contra la Corrupción la cosas cambian, puesto esta norma amplía el concepto de funcionario y empleado público a “…cualquier funcionario o empleado del estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos…”. También Ley contra la Corrupción permite adjudicar a los denunciados como tales.

La Procuraduría refiere en la querella que por esta contratación entre PDVSA Servicios y POS, los acusados pudieron hacerse diariamente de la cantidad de 308 mil 646 dólares. Esta cantidad fue establecida por la Procuraduría en vista de que por tales trabajos, Petrosaudi Oil Services LTD no cobrara una cantidad que excediera los 176 mil 500 dólares diarios, mientras que el contrato contemplaba el cobro de 485 mil 146 dólares diarios.

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La Procuraduría estima que el señalamiento por Falsa Alegación tiene que ver con que se violó lo establecido en la Ley de Licitaciones, al haberse recurrido a la adjudicación directa prevista en el artículo 87 del referido instrumento legislativo, sin que se cubrieran los extremos en ella establecidos para proceder de tal manera. Osío Tovar advirtió que  no se estuvo en presencia de razones de necesidad y urgencia que justificaran la adjudicación directa. Los directivos de PDVSA Servicios adujeron que la embarcación Saturn era para la fecha la única disponible y que su tarifa era competitiva, una argumentación que por lo señalado anteriormente respecto al monto del contrato, es completamente falso. No fue cierto tampoco que el Saturn fuera para el momento de la firma del contrato la única embarcación disponible.
La Procuraduría también advirtió que no se contempló lo indicado en la letra de los artículos 61 y 72 de la Ley de Licitaciones, relativos a los contratos que superen las 11 mil 500 Unidades Tributarias. Alertó el despacho estatal que lo apropiado habría sido recurrir al mecanismo de subasta y no al de adjudicación directa como en efecto sucedió.
Por tales razones, el querellante aseguró que los miembros de la junta directiva de PDVSA Servicios son responsables, al ser ellos quienes procedieron a la aprobación del contrato en los términos en que fue suscrito.

Foto: Maibort Petit

 

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