Del TSJ no sale una sentencia “sin la revisión de Cilia Flores y Elvis Almoroso”

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Foto: La Patilla

(15 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos, continuaron este viernes las sesiones para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

En esta oportunidad participaron tres militares venezolanos en retiro: el mayor general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Buitrago, bajo la conducción del argentino Luis Moreno Ocampo, quien escucha las denuncias.

El Mayor General Hebert García Plaza, quien fungió como viceministro de la Defensa, ministro de Alimentación, ministro de Transporte Aéreo y conocido como el comandante del “Dakazo” declaró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su caso presentó su renuncia a Jorge Arreaza por los cambios en la distribución de alimentos de zonas identificadas como pobreza y pobreza extrema para comenzar a distribuir los alimentos en parroquias políticamente priorizadas, reseñó La Patilla.

Aseguró que tuvo que huir del país luego que tuviera conocimiento que el presidente de la República, Nicolás Maduro abriría un juicio en su contra.

Al ser cuestionado sobre ¿por qué no trató de esclarecer su inocencia ante el los Tribunales? el exministro de Alimentación indicó que “es el Ejecutivo nacional es quien ordena abrir y cerrar juicio”.

En este sentido, García Plaza consideró que la justicia en Venezuela está viciada porque “no creo que del TSJ salga una sentencia sin la revisión de Cilia Flores y Elvis Almoroso”. Además, el General explicó que la Primera Dama, Cilia Flores funge como asesora legal de Nicolás Maduro.

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En otras informaciones, explicó lo que significó que Nicolás Maduro activara en el mes de abril del año en curso, el “Plan Zamora en su fase verde”. Detalló que en esta propuesta se instaura que “todo aquel que pensara diferentes o tuviera distintos intereses políticos”, era calificado como alguien que presenta “deslealtad a los ideales y a los intereses del país”, y por consiguiente, era definido como “enemigo” o “amenaza interna”.

Acto seguido presentó un material audiovisual donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hace usó de la fuerza letal contra manifestantes que estaban expresando su oposición a Maduro.

Con las declaraciones de García Plaza, se dió por concluida la sesión de este viernes. Moreno Ocampo indicó que en el mes de octubre están previstas dos nuevas sesiones sobre Venezuela, en una de ellas se explicará “cómo funciona el aparato judicial”.

Moreno Ocampo añadió que el ‘Gobierno’ de “Venezuela tiene todos los derechos de incluir a alguna persona en estas sesiones”. Aclaró que no se trata de un juicio, sino de “una forma en que la OEA pueda tomar conocimiento directo de lo que esta ocurriendo” en esa nación.

Denuncian vicios en tribunales venezolanos

Por su parte, el Capitán Igor Eduardo Nieto durante su derecho de palabra, denunció la actuación de los cuerpos de seguridad en el país. “Pude comprobar los círculos viciosos que existen en los tribunales”, refiriéndose  a los siete años que estuvo trabajando en el recinto, reseñó NTN24.

Relató que se fue del país debido a que el año 2014 le hicieron un “atentado” en su casa cuando estaba reunido con sus familiares, con un proyectil 9 milímetro. “Nadie me ayudó. Eso me obligó a salir de Venezuela”.

Denunció que en el país se utiliza la justicia militar para juzgar a civiles que participaron en las manifestaciones antigubernamentales.

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Aseguró que “se pedía encarcelar a los jefes de las manifestaciones y se les colocaba medidas cautelares para que no siguieran protestando”.

Nieto explicó que a las personas detenidas se les practicaba distintas formas de torturas en el comando número 1 de la Guardia Nacional, entre ellas resaltó que a los detenidos los obligaban levantar los pies para que no quedaran marcas en los cuerpos para cuando fueran juzgados.

“También los obligaban a dormir parados todos juntos en una camioneta. Los jueces de ejecución verifican los maltratos y hacen caso omiso”, afirmó.

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