Decisión del TSJ evidencia conflictos existentes entre poderes públicos venezolanos

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diarioelnacionalista

(14 de diciembre de 2016. El Venezolano).- Luego de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de elegir a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que expiraba su periodo el pasado 4 de diciembre y que esa elección debió ser de la Asamblea Nacional, se evidencia una vez más, el conflicto existente entre poderes públicos venezolanos.

De acuerdo a lo reseñado por Associated Press, el poder legislativo es el depositario de dicha facultad, pero el máximo tribunal indicó que la designación se efectuó como “medida indispensable” y  por “la falta de diligencia en el trámite” de la designación respectiva por parte de la Asamblea Nacional.

La sentencia, continúa el escrito, está además en concordancia con el hecho que el Legislativo “se encuentra en desacato al Poder Judicial, lo que determina la nulidad de todas sus actuaciones”, incluidas las leyes que sean sancionadas. Por dicho desacato se refiere al incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de una sentencia de la Sala Electoral que bloqueó la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.

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Socorro Hernández y Tania D’Amelio, antiguas militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron designadas para ocupar por siete años más (2016-2023) dos plazas en el directorio de cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas serán juramentadas el miércoles, se informó.

En un principio se anunció que el período finalizaría en 2022, pero posteriormente se anunció en un comunicado que terminará en 2023.

Cuatro de los actuales miembros del CNE, entre los que se incluyen Hernández y D’Amelio, son ampliamente considerados como simpatizantes del oficialismo, según los críticos. Sólo uno ha tomado posiciones más críticas durante su gestión.

El máximo tribunal dio a conocer su nuevo dictamen apenas unas horas después de que el Legislativo, que está bajo el control de la oposición por primera vez en 17 años, aprobara el martes un acuerdo que declara la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en el incumplimiento de sus deberes constitucionales.

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