Corte Suprema de EEUU analiza demanda de petroleras expropiadas por Chávez

0
Foto: Referencial

Foto: Referencial

(02 de noviembre de 2016. El Venezolano).-  Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.

Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.

Lea también: Corte de EEUU revisará apelación de Venezuela contra Helmerich

En aquel momento, la “revolución bolivariana” en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el “socialismo del siglo XXI”.

Apropiación del régimen

El Gobierno de Chávez estatizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.

En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.

En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.

La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.

Amparados en la ley

Bajo la “Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera”, existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.

Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.

El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.

En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.

Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.

El Departamento de Estado “está preocupado”, subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor, reseñó AFP.

Share.

Leave A Reply