Con la emergencia económica Maduro podría apoderarse de la empresa privada

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(17 de enero 2016. El Venezolano).- El nuevo ministro de economía en Venezuela, Luis Salas, presentó el decreto de emergencia económica, donde el presidente Nicolás Maduro tendrá 60 días prorrogables según lo establecido en la Gaceta Oficial  Nº 6.214 “para proteger al pueblo” ante la crisis actual.

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Con tal decreto Maduro tendrá la potestad de “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de las divisas, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios”. Además podrá omitir requisitos para los trámites de importación.

Asimismo el ejecutivo venezolano podrá “dispensar de los trámites cambiarios establecidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior y por el Banco Central de Venezuela a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar la importación de bienes e insumos indispensables para el restablecimiento nacional”.

Específicamente, el artículo 8 ha generado especial controversia porque el gobierno podrá disponer de los bienes privados que considere necesarios. Establece que el Ejecutivo podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles mercancía que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimento a las venezolanas y los venezolanos así como a otros bienes de primera necesidad.

El Nacional, consultó a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, quienes rechazaron el decreto del ejecutivo. El parlamentario Juan Migue Matheus, manifestó que la activación de un estado de excepción para enfrentar la crisis es deplorable porque Maduro contó con la Ley Habilitante y no la utilizó.

Señaló que una supuesta “guerra económica” no amerita un estado de excepción y explicó que la Asamblea tendrá 48 horas para considerar el decreto. Aclaró que si bien el Legislativo no puede revertirlo, de acuerdo con la Ley de Estados de Excepción, si puede modificarlo para garantizar que se respeten los derechos constitucionales.

 

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