Cese a intervención política de Polimaracaibo, por Emiro Albornoz

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(24 de agosto de 2016. El Venezolano).- Casi año y medio ha transcurrido de la intervención política, así el régimen niegue esa causa, de la Policía Municipal de Maracaibo, sin que hasta la fecha el Gobierno haya tomado decisiones en torno a un asunto tan delicado como es la seguridad de las personas y de sus bienes, que en nuestro país es de tales magnitudes que ocupamos primeros lugares en violencia criminal y contra la propiedad en el continente y en el mundo.

Se trató de un decreto de intervención desde el Ministerio del Interior, Justicia y Paz y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.608, el cual creaba una comisión a cuya cabeza estaba Freddy Bernal, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial.

Bernal pretendió negar lo que todo el mundo sabía al afirmar:. “Lo primero que hay que decir es que esto no se trata de una retaliación política”. 

Claro que sí fue una revancha porque se trataba de despojar a la Alcaldesa opositora de la segunda entidad municipal más importante del país del organismo que le permitía actuar en defensa y resguardo de los intereses de la colectividad, cumpliendo con una ofensiva política del régimen de tratar de cercar a los mandatarios municipales adversos por las distintas vías posibles.

La intervención de Polimaracaibo está basada en denuncias de participación de algunos de sus efectivos en hechos delictivos, pero si ésta es una buena razón, hay que preguntarse por qué no intervienen la mismísima Policía Nacional y la Guardia Nacional, cuyos integrantes a cada rato aparecen involucrados en distintos tipos de crímenes que van desde asesinatos hasta extorsiones y secuestros de ciudadanos.

En tiempos de Giancarlo Di Martino como Alcalde hubo denuncias al mayor y al detal sobre los vínculos de la municipal con las narcoguerrilas colombianas, y célebre fue el caso del bandolero conocido con el remoquete de “petróleo” y no pasó nada.

En realidad, la intervención de PoliMaracaibo sobrevino luego de unas acusaciones del diputado por el Consejo Legislativo del estado Zulia, José Luis Acosta, quien denunciara vínculos entre ese cuerpo policial y el narcotráfico, sin señalamientos concretos de ningún tipo, y “una presencia inexistente en los barrios” marabinos.

Por cierto, poco tiempo después de sus denuncias, un familiar muy cercano al parlamentario acusador fue destituida de su alto cargo como Jueza Presidenta del Circuito Penal del Zulia por parte de la Comisión Judicial de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por serias irregularidades con la entrega ilegal a sus dueños de camiones que habían sido confiscados por perpetrar actividades de contrabando.

Si habían denuncias concretas de irregularidades, lo conducente era informar de las mismas y los oficiales incursos en éstas ponerlos bajo buen resguardo e investigarlos, de donde saldrían las medidas a tomar contra ellos, en caso de comprobárseles su participación en hechos reñidos contra la ley.

Personalidades especializadas en la materia aseguraron entonces que no existían razones legales, ni técnicas para ejecutar una medida como la intervención, y sólo se trataba de un nuevo ataque político contra la disidencia en Venezuela, y concretamente contra la Alcaldesa de Maracaibo por la derrotas propinadas, con el apoyo de la unidad democrática opositora, al oficialismo en sus intentos frustrados por conquistar la segunda Alcaldía más importante del país.

Lo cierto es que a la Alcaldesa Eveling Trejo de Rosales le han quitado las facultades sobre la policía Municipal y no puede actuar, entre otras cosas, contra la anarquía que reina en el transporte colectivo de Maracaibo, con violaciones a los aumentos de tarifas aprobados, cortes de las rutas hasta en tres secciones por parte de conductores de por puesto, ocasionándole graves daños a la economía de las personas más necesitadas que utilizan estos medios para trasladarse a sus trabajos y viceversa. Igual violan la atención preferencial a los estudiantes.

Pero la Alcaldía tiene bajos sus hombros el pago de la nómina de los oficiales que conforman la Policía Municipal de Maracaibo, el personal civil de apoyo administrativo y técnico, el mantenimiento de las unidades y de la infraestructura donde funciona este organismo que ya se ha hecho invisible.

El pasado 08 de julio del 2016 fue extendida por quinta vez la intervención de Polimaracaibo. Si entonces se justificó la intervención, ya es el momento de que cese esa medida y la Municipal le sea devuelta a la Alcaldía de Maracaibo. Tiempo para sanearla, han tenido de sobra, si en verdad era esa la intención.

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