Aseguran que el Gobierno venezolano está obligado a garantizar seguridad en la AN

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(05 de enero de 2016. El Venezolano).- Un grupo de organizaciones civiles en Venezuela, suscribieron un acuerdo para exigir al Gobierno y a las fuerzas que controlan el orden público, seguridad durante el acto de la nueva Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora.

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Específicamente el documento fue firmado por: Acción Solidaria en VIH/Sida, Asociación Civil María Estrella de la Mañana, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Cepaz, Centro de Justicia y Paz, Civilis Derechos Humanos, Codehciu, Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del estado Bolívar, Codevida, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codhez, Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, Espacio Público, Fenasopadres, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Funpaz, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia y Paz, GTAI; Grupo de Trabajo sobre, Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz, Observatorio Venezolano de Prisiones, Provea, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Transparencia Venezuela, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana.

A continuación el comunicado de las organizaciones civiles venezolanas 

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos este documento, exigimos al Gobierno Nacional y a las fuerzas del orden público competentes, garantizar la normal instalación del primer período de sesiones ordinarias de la recién electa Asamblea Nacional, prevista para este 5 de enero, tal como lo dispone el Art. 219 de la Constitución Nacional.

Del mismo modo, y vistas las convocatorias a concentraciones y movilizaciones que han realizado diferentes actores políticos, exhortamos a las autoridades antes mencionadas, así como a la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo, a que garanticen y velen por el normal desarrollo de las manifestaciones que puedan tener lugar, de modo que los participantes puedan ejercer su derecho a la reunión y a la manifestación pacífica, previsto en el artículo 68 de la Constitución Nacional y en distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por la República, sin restricciones indebidas, con las garantías necesarias de protección y seguridad por parte de las fuerzas del orden público y sin riesgo alguno a su integridad personal.

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