Sin autorización de la AN endeudamientos del BCV no tendrán validez

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(22 de julio 2016. El Venezolano).- Los diputados a la Asamblea Nacional Alfonso Marquina y José Guerra, rpresentantes de la Comisión de Finanzas, hablaron sobre la sentencia N° 618 del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual el Banco Central de Venezuela podría pasar por encima del parlamento y solicitar préstamos al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), reiterando que todo endeudamiento que gestione el BCV sin la explícita autorización de la AN será nulo.

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En este sentido, el presidente de la comisión, diputado Marquina insistió en que “lo que no pase por esta Asamblea será nulo”. Por esta razón, advirtió a a los organismos multilaterales que los convenios y compromisos realizados bajo la premisa del fallo del TSJ carecerán de validez pues no serán reconocidos por la República.

Consecuentemente, aseguró que informarán a las embajadas e instituciones multilaterales sobre esta violación de la Constitución, publica El Nacional.

La Sala Constitucional del TSJ ejecutó una interpretación a petición del Banco Central debido a la eventual suscripción de un contrato de préstamo entre el BCV y el FLAR, “el cual se realizaría en ejecución de un convenio internacional firmado y ratificado hace más de dos décadas por la República Bolivariana de Venezuela”.

De manera que, hace dos día, el Poder Judicial dictaminó que el instituto emisor “es una persona jurídica de Derecho Público, de rango constitucional, dotado de autonomía para el ejercicio de sus atribuciones con la eficiencia que deben revestir las operaciones de la entidad, lo cual resultade especial interés en el marco del estado de emergencia económica actualmente en vigor en el territorio nacional”.

Sin embargo, de acuerdo al diputado Guerra, el endeudamiento implica un pago a futuro “y en estos asuntos se debe ser muy cuidadoso y por ello el Parlamento es firme en que cualquier empréstito es una deuda para las futuras generaciones y hay que ser responsables. No se puede hipotecar la vida de los venezolanos más jóvenes por el hecho de que este gobierno haya despilfarrado”.

De la misma forma, Guerra remarcó que la decisión del TSJ es ilegal puesto que va en contra del artículo 150 de la Constitución nacional, donde queda estipulado que todos los contratos de interés público deben ser aprobados por la Asamblea Nacional.

Más allá, este tipo de préstamos que compromete el patrimonio de la República se consideran contrarios al interés nacional, según aseveró Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista. “Si bien el BCV tiene la potestad de manejar la política monetaria del país y las reservas internacionales, pedir un empréstito de esta naturaleza es un endeudamiento internacional. Aunque corresponde al Poder Ejecutivo y al BCV firmar este tipo de acuerdos, está sometido al control parlamentario por mandato constitucional”.

Cualquiera de estos organismos multilaterales, como el FLAR, podrían considerar que al ser una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es válida, manifestó Raffalli. “Por esta razón, la Asamblea Nacional debería dirigirse a estos organismos para aclararles que la sentencia 618 es susceptible de revisión y que no se va a dejar de ejercer el control parlamentario. Pero, además, debe dejar bien claro que cualquier gobierno que venga podría rechazar ese empréstito por haber sido mal contratado”.

A juicio del constitucionalista, lo más sabio sería que representantes del Poder Ejecutivo y del BCV se reunieran con los miembros del Poder Legislativo y le explicaran que el país está en una situación de emergencia y que, por tanto, es urgente solicitar ayuda externa. Sin embargo, lo que opta hacer el régimen es utilizar al TSJ para “doblegar el control parlamentario y pasar por encima de este para aumentar el endeudamiento”.

De manera que, de acuerdo a lo informado por Guerra, la próxima semana el Parlamento discutirá el punto, se fijará posición “y se comunicará al FLAR en su sede de Bogotá, Colombia”.

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