Agresiva delincuencia electoral, por Antonio Urdaneta Aguirre

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Referencial

(31 de julio de 2017. El Venezolano).- Son del dominio público las mutilaciones que el régimen castrocomunista le ha hecho a nuestra Constitución. Pero lo que era difícil imaginar sucedió. El primer día del mes de mayo de 2017, Día del Trabajador, y quizás para ser más indefensa a la clase obrera venezolana, la delincuencia electoral criolla se puso en marcha, sin el menor escrúpulo, para cometer el más descomunal fraude comicial que se haya conocido en el continente y en otras latitudes del planeta.

El vocero de semejante acción criminal, violadora de los más sagrados Derechos Humanos, fue el ilegítimo funcionario que encabeza, aparentemente, la mal llamada revolución bolivariana; proyecto político de origen militar que de revolucionario nada tiene, y menos aún, de bolivariano. Escogió el sátrapa una de las fechas más emblemáticas del calendario de efemérides, para humillar a la clase laboral activa y pasiva de la nación.

En efecto, aunque el dictador ya hacía tiempo que había echado la Constitución al cesto de la basura, ese día hizo una revisión de la Carta Magna, y se percató de que todavía quedaban algunas normas constitucionales que le impedían coronar sus inconfesables propósitos de usurpar el poder en su totalidad. ¿Saben lo que hizo el siniestro y degenerado personaje? Tomó la Constitución, se la introdujo en el recto y le ordenó a un general que se la empujara, para que el texto legal supremo de la república, mejor dicho lo que restaba de él, quedara oculto en lo más profundo de su aparato digestivo.

Desatadas las amarras constitucionales que lo detenían para cumplir los objetivos propuestos por la delincuencia electoral, convocó, como si él ejerciera la soberanía intransferible del pueblo, o fuese el depositario del poder originario constituyente, a una supuesta asamblea nacional constituyente. Ya este hecho, por sí solo, burlaba los artículos 5, 70, 71, 347 y 348 de la Constitución. Por consiguiente, el dictador lo que materializó fue un fraude electoral de origen. Desde ese momento en adelante, cualquier resultado ya tenía el sello de nulidad absoluta.

Sin embargo, las personas operadoras de la delincuencia electoral, más rápido que inmediatamente, también le atribuyeron al usurpador la potestad de arrebatarle al pueblo su poder originario. De modo que siguieron con la farsa, acompañada, por supuesto, por los más grises militares de la Fuerza Armada Nacional, y, también, por un minúsculo grupo de “juristas” mercenarios. Vale puntualizar que de un evento electoral nulo, todo lo que de él se derive es absolutamente ilegítimo. ¡Nadie está obligado al acatamiento!

El 30 de julio materializaron el crimen, pese al rechazo contundente del pueblo. En el camino, desde la convocatoria hasta la comisión final del delito, el régimen fusiló a más de 120 jóvenes, niños y adolescentes. Con respecto a los fusilamientos, hay quienes piensan que los culpables de dichos hechos, podrían ser condenados por tribunales internaciones; pues a los criminales se les puede catalogar como “genoinfanticidas”.

Es obvio que todos los involucrados en los diferentes actos de delincuencia electoral, son candidatos seguros para ocupar un calabozo en alguna cárcel especial para delincuentes de alta peligrosidad.

Por Antonio Urdaneta Aguirre

 

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