Activistas y congresistas de EEUU siguen luchando por ley que protege a venezolanos

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(27 de septiembre 2016. El Venezolano).- Continúa la campaña para impulsar el proyecto de ley para la asistencia del refugiado venezolano, introducido en octubre de 2015, y con la cual se otorgaría residencia permanente a aquellos nacionales que llegaron a Estados Unidos antes del 1º de enero de 2013.

El congresista republicano Carlos Curbelo, del sur de Florida fue quien introdujo la propuesta. Curbelo, quien ahora aboga por los venezolanos, es uno de los promotores de reformas de la Ley de Ajuste Cubano que permite a estos ciudadanos solicitar residencia permanente luego de un año y un día en el país, publica El Nacional.

Las estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) revelan que 106.450 venezolanos tramitaron su residencia entre 2005 y 2014, y en ese lapso se aprobaron 1.833 solicitudes. En el período de 2005 a 2012 se otorgó más refugio a los venezolanos, pero luego comenzó un descenso: de un promedio entre 200 y 300 aprobaciones se disminuyeron a 92 en 2014.

La presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres en el Exterior, Helene Villalonga, quien ha apoyado y promovido este proyecto de ley, señala que el mismo podría beneficiar a 90.000 personas.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en manos de la Subcomisión de Seguridad y Frontera, y un grupo de activistas se encuentra informando sobre el proyecto a los representantes de cada distrito para buscar que se discuta. Hasta la fecha se han realizado 23 asambleas ciudadanas para dar a conocer el proyecto.

De esta manera, la ley ampararía a venezolanos con órdenes de deportación que no hayan cometidos delitos y a quienes hayan participado en el enjuiciamiento de terceros. De ser aprobada la ley, las personas que califiquen tendrían hasta el 1º de enero del 2019 para presentar sus solicitudes.

A juicio de la activista, fue hace dos años que inició la mayor diáspora y a la vez el comienzo de más trabas para venezolanos en Estados Unidos, y se recrudeció cuando el gobierno de esa nación sancionó a siete funcionarios venezolanos.

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