Aclaratoria ilegal del TSJ no detiene el “golpe de Estado” ni reivindica a la AN

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(02 de abril de 2017. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional Juan Miguel Matheus, dirigió este domingo una rueda de prensa para aclarar la posición del Parlamento respecto a la rectificación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las sentencias que anulaban competencias del poder legislativo.

Al encuentro con los medios de comunicación, realizado en el Palacio Legislativo en Caracas, asistieron como ponentes Román Duque Corredor, Juan Manuel Rafalli, Eugenio Hernández Bretón, Alberto Arteaga y otros especialistas en derecho constitucional.

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Durante la actividad, el abogado Juan Manuel Rafalli recordó que las  sentencias del máximo tribunal no tienen aclaratoria. “Ninguna aclaratoria sirve para revisar el criterio de fondo contenida en un fallo” y menos aun en una medida cautelar, aclaró.

Asimismo, el especialista indicó que el recurso innominado de control de la Constitución carece de sustento y legalidad, y fue implementado por autoridades del Estado inicialmente para controlar las dudas que generó la supuesta nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro. “Emplean recursos no previstos en la ley para acabar con un poder público como la Asamblea Nacional”, agregó.

En cuanto a la agresión contra la AN, el abogado señaló que estas iniciaron en 2015, cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias, y los funcionarios del gobierno “reconocieron la victoria opositora, pero no admitieron ese hecho”, por lo que emitieron la sentencia 260 del 30 de diciembre de ese año, para anular la proclamación de diputados indígenas y reducir el poder en el Palacio Legislativo.

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“Si realmente hubo algún delito electoral eso afecta al que lo cometió no a los candidatos (…) y ningún proceso contencioso electoral puede llevar a un vacío del cargo” señaló el analista, al tiempo que explicó que se debieron realizar elecciones en caso de que la situación fuese comprobable.

“Venezuela en este momento no es una República Federal porque hay estados que no tienen representación ante el Parlamento”, sostuvo.

Para el abogado, el TSJ está en la obligación de levantar el desacato que pesa sobre la Asamblea Nacional desde el pasado 12 de enero, para empezar la normalización del hilo constitucional. “La mayor intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo es tratar de alterar sus normas de funcionamiento“, indicó sobre las competencias arrebatas al Parlamento.

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De igual forma hizo énfasis en que la omisión legislativa constitucional no faculta al TSJ para asumir funciones del Parlamento, y que el correctivo a una omisión constitucional no puede ser superponer un poder sobre otro.

Además, para Rafalli deben ser anulados por completo todos los fallos previstos en sentencias 155 y 156, debido a que mantenerlos vigentes constituye “un error jurídico grave e inexcusable por parte de los magistrados”

Al respecto, el también abogado Román Duque Corredor resaltó que la sentencia 155 y 156 constituyen un fraude por parte de los magistrados, quienes emitieron estos instrumentos como “una pieza más de ese golpe de Estado que asedia a la Asamblea Nacional”

Román Duque también aclaró que los magistrados deben ser acusados penalmente por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz quien dispondría de “un catálogo de delitos” contra la nación para acusar a los funcionarios.

Entre las denuncias del representante del parlamento destacan que la anulación de estos decretos no deroga el actual Estado de Excepción, ni los poderes asignados a Maduro, ni solventa la situación de la representación indígena ante el Parlamento.

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Por su parte, el diputado Eurodo González, hizo referencia a la decisión de los países fundadores de Mercosur sobre Venezuela. “Mercosur tiene su mecanismos de promoción y respeto a las normas democráticas“, sostuvo.

“No puede ser que el planeta esté equivocado y los únicos que estén claros sean los siete magistrados, el TSJ y Maduro“, agregó respecto a las denuncias de injerencia que emplea el régimen venezolano.

“Hay que destacar la decisión de Mercosur que exhortó al gobierno nacional a garantizar la restitución de la democracia en Venezuela“, continúo sobre la decisión que se basó en el artículo 4 de la organización.

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